La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez difunde el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en relación con la resolución del 7 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto derivada de la acción de inconstitucionalidad 148/2017 promovida en contra de los artículos 195, 196 y 224, fracción II del Código Penal del Estado de Coahuila, en el que ratifica su postura a favor de la vida y de la mujer.
Los obispos de México habiendo estudiado el contenido de esta resolución y los argumentos expuestos por varios ministros, creemos que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial.
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Con dolor y consternación, consideramos que es imprescindible que todos los actores sociales fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas, nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa.
"Ninguna mujer debe verse orillada a tomar la dramática decisión de recurrir a la práctica del aborto, situación que en gran número de casos deja una profunda secuela de dolor, la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización".
Sostiene que la Iglesia protege por todos los medios lícitos a todos los seres humanos, al ya concebido y al aún no nacido, su dignidad fundamental y asegurar que su derecho a la vida no se condicione, se discrimine o que quede sujeto a la voluntad o decisión de un tercero.
"Lamentamos profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos".
Puntualizan los obispos que la materia del debate sostenido en la Suprema Coste de Justicia de la Nación merece un renovado compromiso de todos los actores políticos, de la comunidad académica, de las iglesias y de las organizaciones civiles para garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la madre como del concebido aún no nacido.
