Organizaciones proinmigrantes acusan al Instituto Nacional de Migración (INM) de quebrantar el principio de no devolución de personas solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas en México.
Las organizaciones no gubernamentales, a través del Programa Casa Refugiados e Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), presentaron su informe anual en el cual señalan a la dependencia federal de transgredir los derechos de los refugiados en México y de violar sus derechos humanos.
Los casos documentados se traducen en 53 personas víctimas de devolución o en riesgo de devolución, de las cuales 38 fueron víctimas consumadas: 22 ya habían sido reconocidas como refugiadas; 10 eran solicitantes de asilo; 5 habían demostrado formalmente necesidades de protección internacional; y una tenía un citatorio ante la COMAR, documento que protege contra la devolución.
Las principales nacionalidades de las personas víctimas de deportación o en riesgo de devolución son originarias de Colombia, Turquía, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Explicaron que el INM está violando este derecho en las estaciones migratorias, puestos de control provisionales y en entidades destinadas al tránsito de personas que buscan llegar a los Estados Unidos.
En este sentido, Fernando Tapia, miembro del equipo legal del Programa Casa Refugiados, explicó que el INM no está respetando el derecho a la no devolución, expulsión forzada, deportación, extradición o traslado de los refugiados, lo que pone en riesgo sus vidas.
“En la elaboración de los documentos de las organizaciones que trabajamos con y para personas que necesitan y buscan protección internacional, hemos observado que esta práctica ha aumentado de manera constante desde el año pasado cuando comenzamos este informe. Hay dos perfiles: personas que solicitan asilo y las que ya cuentan con protección internacional”, expresó.
Añadió que durante el acompañamiento de las personas, se identificó que fueron detenidas por los agentes de migración y posteriormente devueltas a sus países de origen, violando diversos derechos humanos. Por lo tanto, se alertó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya que es el organismo internacional encargado de abordar este tema en la región.
Precisó que los lugares donde se observó la primera detención del INM y que terminó con la deportación de los extranjeros fueron los estados de Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila y Querétaro.
En el mismo contexto, Gerardo Salinas Camarena, parte del equipo de Sin Fronteras, explicó que las personas que sufrieron estos abusos ya contaban con residencia permanente y con la constancia de reconocimiento de la condición de refugiados.
“De enero a diciembre de 2022, se documentaron 31 casos que involucraron a 58 personas en riesgo o a quienes se les violó su derecho a la no devolución, y la mayoría de ellos eran de nacionalidad hondureña”, señaló.
Puntualizó que todas las personas que sufrieron estos abusos estuvieron retenidas por un período de tiempo en la frontera sur de México con Guatemala, en ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad Hidalgo, en centros de retención que ya han sido declarados anticonstitucionales por violar los derechos humanos.
Cabe mencionar que las organizaciones que participaron en este informe “El principio de no devolución en México” son: Sin Fronteras, I.A.P., Asylum Access México (AAMX) A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” (CJR), Programa Casa Refugiados e Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
