Choferes del servicio público de pasaje piden al gobierno de Chiapas y al titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), investigar irregularidades que se cometen en la Delegación Tapachula por presuntos cobros irregulares, comisiones y favores a piratas de los que no quedan registro del ingreso del recurso económico porque no llega a hacienda del estado, sino que en manos particulares de funcionarios deshonestos.
Andrés “N”, quien por temor a represalias pidió la omisión de su identidad, afirmó que existen presuntas cuotas y tarifas impuestas dentro de la delegación de Transporte en Tapachula a cargo de Miguel Agustín Galdámez Culebro, los cuales son condicionamientos que se hacen a los choferes y concesionarios para continuar dando el servicio sin que haya transparencia, lo que va en detrimento de la economía chofer o del concesionado.
Dijo que las denuncias no son nuevas, pero con la intención de aplicar la reciente Ley de Movilidad y Transporte se obliga a negociar para que no haya sanciones.
Hizo el llamado a la autoridad a verificar las denuncias como son cuotas fijas impuestas por la revisión mecánica de las unidades que está tasada en 500 pesos cuando el vehículo está en orden y cumple con la normativa, pero en caso de que la unidad tenga algún desperfecto la cuota se incrementa hasta 2 mil pesos en adelante, sin que haya por todos estos pagos recibo oficial o que se realice en la Secretaría de Hacienda.
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Detalló que otros de los cobros que existen está basada en la vida útil de las Urvan en servicio colectivo y taxis, que según la ley es de 5 y 7 años respectivamente y su renovación inminente.
Sin embargo, ante la imposibilidad del concesionario de tener nuevas unidades por otorgar la prórroga y que el vehículo se considere en buenas condiciones para dar el servicio, el documento aprobatorio tiene un costo de 5 mil pesos, pero por cada año que supere el límite la cantidad es mayor en mil pesos por año.
"Pero las negociaciones no quedan allí, el funcionario encargado de vigilar la aplicación de la ley ha permitido a unidades piratas dar el servicio por la módica cantidad de dos mil pesos mensuales y aunque pareciera que eso sería un negocio redondo ilegal, eso suma otras situaciones con las unidades que se ven implicadas en algún hecho, a los que amenazan con la revocación de la concesión a cambio de un pago de 25 mil pesos para evitar problemas legales", abundó.
El denunciante mencionó que hay temor entre el gremio transportistas de denunciar abiertamente las irregularidades por las represalias que podrían tener en su contra toda vez que el actual delegado tiene amplia experiencia en el marco legal para lograr tanto impunidad como para culpar a sus denunciantes pues por muchos años se desempeñó como agente del Ministerio Público del fuero común.
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