A casi cinco meses de los casos de intoxicación de alumnos en la escuela secundaria Constitución, también conocida como Federal 1 y en la escuela telesecundaria, Ricardo Flores Magón de la zona baja de Tapachula, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación dieron carpetazo al problema.
El secretario de organización V del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ervin Herrera Estudillo, dio a conocer que lamentablemente estos incidentes han quedado en el olvido, tanto por las autoridades como de la opinión pública, aún cuando nunca hubo transparencia en los resultados de los exámenes toxicológicos, por lo que nunca informaron las causas reales que originaron la intoxicación de los 52 alumnos.
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Dijo que las autoridades ocultaron las causas reales, ya que lo último que informó la secretaria de seguridad del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, fue sobre un componente químico encontrado en los dulces, pero no detallaron de qué se trataba.
Señaló que la falta de claridad de las causas, provocó que no se tomaran las medidas adecuadas no solo en las escuelas donde se registró la intoxicación de los alumnos, sino en todos los centros educativos de la región.
Indicó que por parte de la Secretaría de Educación solo se implementó unas pláticas de prevención en la escuela Federal 1, pero estas solo fueron una "llamarada de petate" porque nunca hubo un seguimiento y la situación continúa como si no hubiese ocurrido nada al interior de esta institución.
"Han transcurrido varios meses y hemos visto que se dio carpetazo a los casos de intoxicación de alumnos en las secundarias, nunca se informó de manera real las causas que originaron estos incidentes", abundó.
Por su parte, José Antonio Chol, integrante del Consejo local de padres de familia, afirmó que las autoridades educativas e incluso la dirección de la escuela se comprometieron a realizar acciones a favor de la seguridad de los alumnos, sin embargo, la mayoría de estas no se cumplieron.
Detalló que hubo el compromiso de efectuar el operativo Mochila Segura de manera constante, así como redoblar la vigilancia al interior y exterior de la escuela, pero solo fueron buenas intenciones, porque durante los cinco meses que han transcurrido estas medidas no se han implementado.
Puntualizó que las autoridades minimizaron el problema de inseguridad que se vive en las escuelas, donde se han detectado la venta de drogas a las afueras de las instituciones educativas.
Remarcó que es responsabilidad de la autoridad instalar cámaras de video vigilancia en los centros escolares, pero lamentablemente, esto no ha ocurrido en ningún centro educativo.
"Es necesario que regrese la Policía Escolar en las escuelas de Tapachula, cuyos elementos coadyuvaban en el tema de seguridad, por ello, seguiremos alzando la voz para que se atiende este problema que azota en los centros educativos", subrayó.
Asimismo, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ángel Miltón Ordóñez, afirmó que a pesar de los incidentes en las escuelas existe poco interés de los padres de familia, porque en cinco meses han sido muy pocas las solicitudes de implementación del programa Mochila Segura.
Remarcando que este programa, es una medida preventiva contra la violencia en los centros educativos del nivel básico y medio superior, que fue acreditado en las mesas de seguridad que mantienen dependencias de las tres órdenes de gobierno para reducir los riesgos.
"Muy pocos padres de familia han gestionado la aplicación de este programa en la institución de sus hijos, cuya situación deja entrever que no muy les interesa la seguridad de los alumnos al interior de los planteles", acotó.
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Mencionó que aunque este es un programa controversial, se realiza con estricto apego a los derechos humanos de los estudiantes, respetando su privacidad, ya que los alumnos dejan solo el salón para no permitir testigos que signifiquen posibles burlas o señalamientos de los compañeros de clases.
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