El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se confrontaron por la fiscalización del proceso electoral en curso y pasados, pues mientras el árbitro electoral acusa a la UIF de no brindar la información que solicita, y por ende obstaculizar la revisión del gasto de partidos y candidatos, la Unidad de Inteligencia asegura que la información es falsa.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE presentó en la sesión de Consejo General del 28 de septiembre un informe en el que acusaba que de las 54 solicitudes de información que ha formulado a la UIF, en 2023, sólo seis habían recibido respuesta, es decir, el 89 por ciento de las peticiones fueron ignoradas.
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En la sesión, la consejera Carla Humphrey agregó que la UIF había sido omisa también en colaborar con el INE para determinar la capacidad de pago de los sujetos sancionados por infringir la ley electoral, dificultando la aplicación de sanciones que inhiban la vulneración de las leyes.
La consejera sentenció que el Instituto no puede permitir que sean las propias instancias del Estado mexicano las que obstaculicen las labores de fiscalización e instruyó a la secretaria ejecutiva del Consejo General analizar las rutas jurídicas para que el INE acceda a la información de manera completa, veraz y oportuna y dentro de los plazos establecidos en la ley para desempeñar sus tareas.
Horas después, la UIF emitió un comunicado en el que aseguró que es falso que sea omisa en su responsabilidad de colaborar con el INE y expuso que si la autoridad electoral requiere información de personas físicas o morales sujetas a algún procedimiento electoral “la puede obtener directamente requiriéndola a las instituciones financieras y fiscales del país”, pues de acuerdo con la ley sólo le corresponde dar la información relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En respuesta a la acusación de la consejera Humphrey, la UIF dijo que no cuenta con atribuciones para determinar la capacidad económica de las personas, dar a conocer su situación fiscal o transmitir su información financiera cuando no está relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y que entregar dicha información puede vulnerar derechos de las personas y violentar el marco jurídico.
El INE aseguró que la ley sustenta las solicitudes que realiza, a través de la UTF, a la UIF y por ende deben ser respondidas, sin embargo, la UIF sentenció que “no transmitirá al INE ni a otra autoridad información cuando ello resulte ilegal”.
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En tanto, el árbitro electoral hizo un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera a contribuir con las tareas de fiscalización, sobre todo de cara a las elecciones de 2024 que “implicarán el ejercicio más grande de revisión de ingresos y gastos de partidos políticos, precandidaturas y candidaturas que se haya llevado”.
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