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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió en 2002 conmemorar el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el fin de generar conciencia sobre la magnitud de este fenómeno y sumar esfuerzos para erradicarlo. En este sentido, la celebración representa una oportunidad para fomentar y coordinar iniciativas a favor de estos propósitos por parte de gobiernos, patronales, sindicatos, sociedad civil, medios de comunicación y otros actores locales, como escuelas y ayuntamientos.
El trabajo infantil no solo pone en riesgo a los menores de edad, también constituye una violación del derecho internacional y las legislaciones nacionales. Por lo tanto, se puede clasificar en tres categorías:
- Las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución y pornografía, y otras actividades ilícitas.
- El trabajo realizado por aquellos que no han alcanzado la edad mínima especificada para un tipo de labor (según lo determine la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas), lo cual probablemente impide la educación y el pleno desarrollo del menor.
- El trabajo que pone en riesgo el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en las que se realiza. A este tipo se le denomina "trabajo peligroso".
En 2014, en México se reformó el artículo 123, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar la edad mínima para trabajar en un año (antes eran catorce años, ahora son quince). No obstante, según el Módulo de Trabajo Infantil 2017 del INEGI, a nivel nacional, 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil: el 58.2% se refiere a ocupaciones no permitidas y el 36.6% a quehaceres domésticos inadecuados. El número de personas en ocupaciones por debajo de la edad mínima para trabajar era de 802,890 (38.7%), y 1,267,543 (61.3%) se dedicaban a actividades peligrosas.
El trabajo forzoso u obligatorio de niñas, niños y adolescentes constituye una de las graves expresiones de violencia y discriminación, y les impide ejercer plenamente sus derechos, colocándolos en situaciones de riesgo y exponiéndolos a afectaciones severas en su salud, como retraso en su crecimiento, predisposición a adicciones, inicio temprano de su vida sexual, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
