El gobierno de México confía en que la demanda civil que presentó ante una corte federal de Arizona en contra de empresas manufactureras, distribuidoras, y tiendas de armas estadounidenses se resuelva a su favor antes de que concluya el 2023, señala el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentado a la nación este viernes.
De acuerdo con el documento, como parte de la estrategia para frenar el tráfico de armas desde la Unión Americana que van a dar a manos del crimen organizado de este lado de la frontera, México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva que ayude a determinar la responsabilidad que tienen las empresas de armas por la vulneración de derechos humanos y sobre las obligaciones que tienen los estados de garantizar a la población un recurso efectivo en contra de estas empresas cuando sus derechos humanos son afectados.
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El informe destaca, asimismo, el apoyo que México ha recibido a nivel internacional en esta demanda, el cual, asegura, se extiende a distintas zonas geográficas. “Una de las principales es el Caribe anglófono, en donde cinco estados de la región se sumaron como amigos de la corte en la etapa de apelación y apoyaron los argumentos de México. Igualmente, en abril pasado, los jefes de estado de la Comunidad del Caribe emitieron una declaración expresa de respaldo a las acciones iniciadas por México”, subraya el documento.
Asimismo, destaca que la Unión Europea (UE) se ha sumado al esfuerzo mexicano en combatir los daños que provoca el tráfico ilícito de armas, comprometiéndose a fortalecer el control de exportación de tecnología, equipos militares y en colaborar con la región latinoamericana.
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“El Gobierno Federal participó junto con la Comisión Parlamentaria Mixta de México y la UE en reuniones celebradas en abril de 2023. En estos trabajos, se acordó que las autoridades intercambiarían información sobre la trazabilidad de exportaciones legales de armas desde Europa a otros estados y que posteriormente más adelante fueron desviadas para uso ilegal”, afirma el informe.
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