¿Cuántas víctimas tienen que contabilizarse para que las autoridades pongan un alto definitivo a los excesos en el transporte público? Esa es la pregunta que la ciudadanía se hace cada vez que una tragedia se suma a la larga lista de accidentes fatales, dentro de Tuxtla Gutiérrez o la entidad chiapaneca, protagonizados por unidades transportistas y los abusos de velocidad.
Y es que, si bien la colisión de este lunes sobre el Libramiento Norte de la capital chiapaneca aparentemente fue responsabilidad del auto particular, resulta innegable que el evidente exceso de velocidad al que viajaba la unidad de la ruta 91, sobre una de las laterales de baja, no permitió mayor maniobra para reducir los efectos del percance, y mucho menos disminuir la aceleración del impacto final sobre el poste, que fue realmente lo que generó las principales lesiones en los pasajeros.
Sí, el accidente se dio justo en una de las incorporaciones a las laterales del libramiento, pero también en una de las principales zonas de ascenso y descenso para el transporte público que recorre esa lateral de baja velocidad, por lo que, si la unidad hubiese transitado a una velocidad adecuada, el arrastre del vehículo particular y la colisión con el poste de concreto -como lo muestra el video difundido en redes sociales- no hubieran sido de tan fatales consecuencias.
Lo cierto es que hoy la imprudencia de ambos automovilistas ha dejado a tres familias en luto y otras más con familiares hospitalizados de gravedad. Afortunadamente no había, en ese momento, más personas esperando transporte en la parada de esa misma esquina, ni el auto particular terminó por ingresar a las instalaciones del gimnasio; sino esa tragedia, ya bastante lamentable de por sí, hubiese sido aún mayor.
Pero tampoco se trata de un hecho aislado. El transporte público ha sido protagonista de un accidente fatal cada año de los últimos tres en la capital chiapaneca. En julio de 2021 fue una unidad de la ruta 73, que tras precipitarse desde la parte alta de la colonia Chapultepec terminó impactándose con unos postes de contención, dejando varios heridos, para luego cobrar la vida del joven Rubén Stevens Juárez.
En agosto de 2022 el turno tocó a la ruta 115 que, también por exceso de velocidad, finalizó accidentándose sobre el Boulevard Belisario Domínguez, arrebatando la vida a Juan Carlos y Flor de María… Esta semana las víctimas mortales tienen otros nombres y otros rostros, pero pudimos ser cualquiera de nosotros. La imprudencia de un automovilista particular y los excesos de un colectivero, acostumbrado a correr para ganarle al reloj checador, les arrebató aliento de golpe y dejó un dolor irreparable en sus familias.
Se trata de una cadena de vicios y complicidades menos simple de lo que se quiere hacer ver. Los choferes se han acostumbrado a manejar a exceso de velocidad ante la impunidad que les otorga la complicidad de todas las autoridades involucradas en su regulación. De poco o nada ha servido a los usuarios denunciar estos excesos, porque simplemente no sucede nada.
Los únicos que nunca pierden son los concesionarios. Muchos de ellos operadores ilegales de numerosas unidades, coludidos con las autoridades transportistas, para quienes lo más sencillo siempre ha sido sacrificar la seguridad de usuario y culpar de todo a los choferes. Mientras tanto, reciben diariamente las jugosas cuotas de unidades aseguradas para su recuperación después de cualquier “accidente”. Finalmente, nunca una tragedia como la de ayer ha sido razón suficiente para revocarle las concesiones.
De las regulaciones que la Secretaría de Movilidad y Transporte debería aplicar para garantizar seguridad, calidad y capacitación ya ni hablamos. Desde 2014 se ha propuesto la implementación de chips reguladores de velocidad en las unidades, pero evidentemente la iniciativa nunca ha prosperado. Lógicamente porque no conviene a los concesionarios y sus altas cuentas exigidas a diario.
La tragedia de este lunes tiene muchos más culpables que los irresponsables conductores involucrados. Su vinculación a proceso tal vez resuelva penalmente el hecho, pero NO el nido de impunidad que seguirá manteniendo en riesgo a miles usuarios más mientras las autoridades transportistas sigan prefiriendo contar víctimas antes de imponer medidas determinantes que trastoquen los intereses de las redes de corrupción dentro del sector… así las cosas.
