/ lunes 29 de abril de 2024

Libertas Capitur / “Mátalos en Caliente…” 

México a través de los años ha logrado establecer principios avanzados de derecho como el amparo, la amnistía y la presunción de inocencia, que dramáticamente hoy son objeto de un abierto asedio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dichas instituciones han protegido a los ciudadanos del ejercicio arbitrario del poder, el influyentismo, el compadrazgo y el uso obsceno de la fuerza pública. El propósito del presidente es muy claro: restringir garantías ciudadanas y tener la completa disposición de la fuerza del Estado.

De aprobarse, estas reformas impedirán que las decisiones del presidente sean imbatibles, porque la Suprema Corte de Justicia y el Congreso sólo serían “invitados de piedra” en la fiesta del chivo.

Amparo. Impedir, como quiere el Ejecutivo, que los jueces pierdan la facultad de declarar leyes inconstitucionales, permitirá al Gobierno seguir cometiendo arbitrariedades.

Así, una ley que consistentemente viola garantías, no podrá ser apartada del cuerpo legal y los ciudadanos tendrían que seguir buscando la protección del poder judicial en reiteradas ocasiones, con los efectos consecuentes: incertidumbre y desgaste.

Amnistía. Dejar que el presidente de la república libere discrecionalmente a presos sentenciados, sin el debido proceso legislativo como aún prevalece en la ley, pone en riesgo el sistema de justicia.

Sería darle al de por sí ya poderoso Jefe del Estado mexicano, un instrumento ominoso para decidir a quién saca de la cárcel y a quién deja. La política de “abrazos, no balazos” se transmutaría en “perdón y olvido a los delincuentes”, sin importar la gravedad del delito y la condena.

Arraigo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, mandato a México eliminar el arraigo y compatibilizar la prisión preventiva. Pero el Gobierno federal ha sido renuente.

Basta decir que en México, hoy, existen 88 mil casos de privación ilegal de la libertad por estos motivos, en espera de una sentencia que los condene o absuelva. A pesar de que la Constitución prevé que los ciudadanos tienen derecho a un juicio pronto y expedito, y a la presunción de inocencia.

¿Qué significa todo esto?

En términos lisos y llanos: si usted es un ciudadano normal (no es un delincuente) y el gobierno toma una decisión arbitraria en su contra, podría ir usted a parar con sus huesos a la cárcel, sólo porque el gobierno decidió no aplicar los derechos humanos internacionales que le protegen.

Y lo que es peor. Si los jueces le amparan en una ocasión de sufrir tal arbitrariedad, no quiere decir que esta no la pueda usted volver a sufrir, y también otras personas. A pesar de que se constate que una ley es anticonstitucional, el Poder Judicial no podrá impedir su aplicación en sucesivas ocasiones.

Y si es usted un ciudadano normal y, además, víctima, tal vez obtenga una justa retribución a través de la condena a su agresor, Pero en virtud de la Amnistía, el presidente podrá decidir sin mayor trámite que este no compurgue su condena. Sólo bastará que ordene su liberación.

¿Y adónde nos llevaría todo esto?

A una situación que ya se había perdido en el tiempo, en la que se gobernó a punta de pistola, bajo amenaza y presión. En la que los ciudadanos sólo tuvieron tres opciones: el destierro, el encierro o el entierro.

La política porfirista: “mátalos en caliente, luego averiguas”.

Que a los chiapanecos les dejó recuerdos dolorosos y sensibles, como el sacrificio del senador Belisario Domínguez, el hombre que con valor se opuso a la dictadura y sin mayor trámite se le impuso una pena mutilante.

Un episodio trágico, ciertamente, pero que contribuyó a una causa superior. Dicho relato no es una triste anécdota, sino un motivo de lucha para quienes creemos que sobre la dictadura y la satrapía, debe prevalecer el Estado de Derecho.

Algo que no entienden ni Morena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador. Salvo porque es la única manera que tienen de perpetuarse en el poder… Si el orgullo chiapaneco dejara de honrar a su máximo héroe, el senador Belisario Domínguez.


Email: libertascapitur.chis@gmail.com


México a través de los años ha logrado establecer principios avanzados de derecho como el amparo, la amnistía y la presunción de inocencia, que dramáticamente hoy son objeto de un abierto asedio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dichas instituciones han protegido a los ciudadanos del ejercicio arbitrario del poder, el influyentismo, el compadrazgo y el uso obsceno de la fuerza pública. El propósito del presidente es muy claro: restringir garantías ciudadanas y tener la completa disposición de la fuerza del Estado.

De aprobarse, estas reformas impedirán que las decisiones del presidente sean imbatibles, porque la Suprema Corte de Justicia y el Congreso sólo serían “invitados de piedra” en la fiesta del chivo.

Amparo. Impedir, como quiere el Ejecutivo, que los jueces pierdan la facultad de declarar leyes inconstitucionales, permitirá al Gobierno seguir cometiendo arbitrariedades.

Así, una ley que consistentemente viola garantías, no podrá ser apartada del cuerpo legal y los ciudadanos tendrían que seguir buscando la protección del poder judicial en reiteradas ocasiones, con los efectos consecuentes: incertidumbre y desgaste.

Amnistía. Dejar que el presidente de la república libere discrecionalmente a presos sentenciados, sin el debido proceso legislativo como aún prevalece en la ley, pone en riesgo el sistema de justicia.

Sería darle al de por sí ya poderoso Jefe del Estado mexicano, un instrumento ominoso para decidir a quién saca de la cárcel y a quién deja. La política de “abrazos, no balazos” se transmutaría en “perdón y olvido a los delincuentes”, sin importar la gravedad del delito y la condena.

Arraigo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, mandato a México eliminar el arraigo y compatibilizar la prisión preventiva. Pero el Gobierno federal ha sido renuente.

Basta decir que en México, hoy, existen 88 mil casos de privación ilegal de la libertad por estos motivos, en espera de una sentencia que los condene o absuelva. A pesar de que la Constitución prevé que los ciudadanos tienen derecho a un juicio pronto y expedito, y a la presunción de inocencia.

¿Qué significa todo esto?

En términos lisos y llanos: si usted es un ciudadano normal (no es un delincuente) y el gobierno toma una decisión arbitraria en su contra, podría ir usted a parar con sus huesos a la cárcel, sólo porque el gobierno decidió no aplicar los derechos humanos internacionales que le protegen.

Y lo que es peor. Si los jueces le amparan en una ocasión de sufrir tal arbitrariedad, no quiere decir que esta no la pueda usted volver a sufrir, y también otras personas. A pesar de que se constate que una ley es anticonstitucional, el Poder Judicial no podrá impedir su aplicación en sucesivas ocasiones.

Y si es usted un ciudadano normal y, además, víctima, tal vez obtenga una justa retribución a través de la condena a su agresor, Pero en virtud de la Amnistía, el presidente podrá decidir sin mayor trámite que este no compurgue su condena. Sólo bastará que ordene su liberación.

¿Y adónde nos llevaría todo esto?

A una situación que ya se había perdido en el tiempo, en la que se gobernó a punta de pistola, bajo amenaza y presión. En la que los ciudadanos sólo tuvieron tres opciones: el destierro, el encierro o el entierro.

La política porfirista: “mátalos en caliente, luego averiguas”.

Que a los chiapanecos les dejó recuerdos dolorosos y sensibles, como el sacrificio del senador Belisario Domínguez, el hombre que con valor se opuso a la dictadura y sin mayor trámite se le impuso una pena mutilante.

Un episodio trágico, ciertamente, pero que contribuyó a una causa superior. Dicho relato no es una triste anécdota, sino un motivo de lucha para quienes creemos que sobre la dictadura y la satrapía, debe prevalecer el Estado de Derecho.

Algo que no entienden ni Morena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador. Salvo porque es la única manera que tienen de perpetuarse en el poder… Si el orgullo chiapaneco dejara de honrar a su máximo héroe, el senador Belisario Domínguez.


Email: libertascapitur.chis@gmail.com