Una semana del cierre de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Subdelegación Tapachula, sectores productivos y de economía afirmaron que está decisión del gobierno federal es una violación a los derechos de la población en general a pesar de que ahora se despachara en la delegación federal que se encuentra en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.

Así como se diera a conocer en la edición del pasado 3 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó como parte de las medidas de austeridad el cierre de dos delegaciones y subdelegaciones de la PROFECO, las cuales se concretaron el pasado miércoles de julio, por lo que de ahora en adelante quienes tengan la intención de realizar alguna denuncia, tendrán que viajar hasta la única delegación en Chiapas.

Heriberto Cosme López Molina, presidente del Colegio de Economistas de la Frontera Sur, afirmó que no contar con una representación que defienda los derechos del consumidor, coloca no solo a los consumidores de Tapachula sino a todos los municipios que conformaban la subdelegación en una total vulnerabilidad, ya que existe el riesgo de negocios, empresas o prestadores de servicios, abusen en sus costos.

El economista refirió que la denuncia es un derecho universal que tienen los ciudadanos, por lo tanto las autoridades tienen la responsabilidad facilitarles este proceso, por lo que ahora con este cambio, lo único que provocan es que muchas personas decidan no hacerlo porque con el hecho de trasladarse a un punto de seis horas de camino en autobús, preferirán no viajar por el gasto que representará acudir a realizar su imputación.

Por último, añadió que así como lo tiene estipulado la Profeco es una procuraduría, por lo que no se trata de cualquier dependencia la que fue removida, si no que es una instancia que se encarga de vigilar y ahora por no encontrarse como representación en la ciudad de Tapachula, coloca a los municipios de su jurisdicción en total vulnerabilidad por parte de los propietarios de los negocios.